- El portavoz de CC San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, rechaza enérgicamente las enmiendas de NC y Podemos porque atentan contra los derechos de las personas que residen en apartamentos turísticos.
Nuevas Canarias y Podemos han presentado al Parlamento de Canarias dos enmiendas al proyecto de la Ley del Suelo con las que proponen modificar (NC) o suprimir (Podemos) la consolidación de los ‘Usos residenciales en zonas turísticas’, contemplada en la Disposición final quinta.
Coalición Canaria (CC) en San Bartolomé critica que Nueva Canarias haya redactado una enmienda de modificación, a propuesta de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), en la que se establece que las propiedades en suelo turístico destinadas a uso residencial “dispondrán de un plazo de ocho años para revertir el uso al que esté destinado la parcela”, el texto continúa señalando que en caso de que la calificación dada a la parcela fuera de uso mixto residencial o turístico “el uso determinante será el que figure en la licencia de construcción obtenida en el momento de la edificación”.
El portavoz de CC en San Bartolomé, Alejandro Marichal, reprocha que la propuesta de Nueva Canarias vele única y exclusivamente por los intereses de hoteleros y extrahoteleros y obvie totalmente los intereses de las personas afectadas. La justificación dada por NC es que la disposición que pretenden modificar “condiciona el futuro de toda nuestra oferta turística” y añaden “pondrá en serio riesgo la continuidad de las explotaciones turísticas, especialmente del sector extrahotelero, dando vía libre a la proliferación del uso residencial en los establecimientos”. Marichal señala que en la exposición de Nueva Canarias “no hay una sola mención a cómo gestionar la situación de los propietarios, quedando en el olvido sus derechos y necesidades”.
Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos, plantea en su enmienda la supresión de dicha Disposición argumentando que “existen en el litoral turístico demasiados casos de implantaciones residenciales absolutamente ilegales (contrarias al planeamiento y carentes de cualquier título legitimador) en zonas destinadas exclusivamente al uso turístico”. Su portavoz, Noemí Santana, alega en la justificación que, “declarar la compatibilidad general, definitiva, absoluta e incondicional del uso residencial existente en cualquier zona y ámbito turístico, incluso cuando resulten contrarios a la ordenación vigente es, sin lugar a dudas, la peor de las soluciones posibles, la más dañina para el sector turístico legal y consolidado, y por ello se plantea su supresión”.
Al respecto, Marichal señala que la supresión de la Disposición final quinta planteada por Podemos supondría que no se consolidaría el uso residencial en zonas turísticas. Por lo que, el portavoz de Coalición Canaria evidencia la incongruencia de Podemos, ya que San Bartolomé También Puede (Podemos) denunció, tras la aprobación inicial del Plan Supletorio de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, que supuestamente conllevaría la expulsión de los propietarios. Sin embargo, en el Parlamento, y por la puerta de atrás, proponen una enmienda al proyecto de Ley del Suelo para que precisamente no se consolide el uso residencial. Toda una contradicción que retracta a qué intereses responden Nueva Canarias y Podemos cuando coinciden con el mismo planteamiento que la patronal hotelera.
Marichal sostiene que la posición de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, al igual que la del Gobierno de Canarias, al recoger en dicha disposición la consolidación del uso residencial, es muy clara: “por encima de los intereses económicos, están las personas y el respeto individual de sus derechos”. Primero por una cuestión de legalidad, ya que los propietarios que residen en apartamentos turísticos han consolidado una serie de derechos, por la vía de los hechos, que ninguna ley podría contravenir con efectos retroactivos, y especialmente, porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha concedido previamente padrones municipales para residir en dichos apartamentos. Pero sobre todo, por una cuestión de justicia social, no se puede echar a nadie de la vivienda en la que está residiendo en contra de su voluntad.
