Alejandro Marichal solicita a Nueva Canarias que reconsidere su voto a favor de la reforma de la Ley de Turismo

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La votación prevista para mañana queda paralizada tras acordar CC, con otros grupos, que el Consejo Consultivo de Canarias emita un dictamen sobre el proyecto de Ley propuesto por Nueva Canarias

Alejandro Marichal, candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana por Coalición Canaria, considera que la reforma del proyecto de Ley propuesta por Nueva Canarias (NC) atenta contra los derechos a la propiedad de los propietarios y restringe el alquiler vacacional, por estos motivos ha solicitado a NC y PSOE que reconsideren su voto a favor del proyecto de Ley 9L-PL-005 que modificaría la Ordenación del Turismo de Canarias, y la Ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias.

Coalición Canaria ha tenido en cuenta las consideraciones presentadas por Alejandro Marichal y ha acordado, junto a otros grupos parlamentarios, frenar el voto a favor de su aprobación hasta que el Consejo Consultivo de Canarias analice y emita un dictamen sobre el proyecto de Ley que presentó Nueva Canarias.

El candidato nacionalista al municipio sureño señala que el proyecto de ley incurre en varios preceptos que podrían ser perjudiciales para los propietarios turísticos:

– No permitir el arrendamiento, conforme a Ley de Arrendamiento Urbano, a aquellas unidades alojativas que no sigan el principio de unidad de explotación.

– En el artículo 46bis, que regula el concepto de Alquiler Vacacional, no se contempla el alquiler de habitaciones individuales en el caso de explotación turística en la modalidad de vivienda vacacional.

– Además se incluyen tres nuevas infracciones tipificadas como muy graves, dos de ellas especialmente desproporcionadas:

Muy grave: La oferta, publicidad o comercialización de actividades o servicios turísticos que no sean acordes a la modalidad, tipología, clasificación o categoría que figure en la correspondiente declaración responsable, comunicación de inicio de actividad, o, en su caso, de la correspondiente autorización. De 30.000 a 300.000 euros de sanción.

Muy grave: Llevar a cabo por parte de las personas físicas o jurídicas que sean titulares o explotadoras de los canales o sistemas de promoción, publicidad o comercialización utilizados, la comercialización o publicidad relativa a las estancias en viviendas vacacionales que no hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad turística o que hayan sido dadas de baja en el Registro General Turístico de Canarias por incumplimiento de requisitos y condiciones, una vez les sea comunicada esta última circunstancia por la administración  turística. De 30.000 a 300.000 euros de sanción.

Por esa razón, señala Marichal, habría que plantear una modificación íntegra del marco normativo turístico y en el que se planteen los siguientes objetivos:

Primero: Derogar o realizar una modificación profunda de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que entre otras, regula la posibilidad de sustituir al propietario si éste no le da el uso turístico debido. “Esto es una auténtica aberración que atenta contra el derecho privado”, apostilla Marichal.

Segundo: Promover una sectorización del suelo más acotada y adaptada a la realidad de cada parcela en las zonas turísticas.

Tercera: Revisar o hacer compatible el principio de unidad de explotación con otros usos.

En definitiva, con estas medidas, entre otras, “estaríamos normalizando la natural convivencia que siempre ha existido entre los turistas y residentes. Y por otro lado, favoreceríamos el reparto equitativo de los beneficios generados por la industria turística”, concluye Marichal.